En su opinión ¿En qué estado se desarrolla la conmemoración de los 50 años del golpe en nuestro país?

Si se refiere a la situación política, estamos en un momento de redefinición global, la génesis de un nuevo pacto político y, por ende, de una nueva relación entre estado y sociedad. Se trata de un proceso que ya empezó y tardará en consolidarse, porque dependerá de la configuración de nuevos actores y sujetxs socio-culturales, de alcanzar acuerdos en relación a aspectos centrales de la convivencia social, que incluyen una nueva noción de estado, de cultura, de la economía, del mundo social, sistema de partidos, representación, participación, etc. Implica, igualmente, la renuncia a la apelación a las fuerzas armadas y policiales como agentes resolutores del conflicto. Por eso, el proceso no es de corta duración. A 50 años del golpe, el país está viviendo el ocaso final del proyecto dictatorial y, por tanto, las resistencias de quienes lo patrocinaron y de quienes aún lo comparten y defienden son y serán fuertes. Estamos en un momento refundacional, independiente de las voluntades de ciertos actores políticos, toda vez que la sociedad ha cambiado sustancialmente y el proyecto pinochetista, consolidado en la postdictadura, ya ha sufrido modificaciones y resulta inconsistente con la realidad mundial y nacional. La emergencia de una nueva propuesta programática, que sostenga un nuevo pacto social, es el gran desafío del momento, más complejo que hace 50 años, porque en la actualidad no existen referentes ni modelos en los cuales inspirarse. A 50 años del golpe estamos en la misma situación de fines de los años sesenta y de la Unidad Popular, debatiendo qué país queremos.

En relación con las actividades de conmemoración de los 50 años del golpe, ¿Qué tan diferentes son estas reivindicaciones en comparación con las conmemoraciones del año 2003 y 2013? ¿Cuáles considera que son los principales conceptos y debates que perfilan este año de conmemoración?

En 2003 recién estábamos saliendo del pinochetismo duro. Tras su encarcelamiento en Inglaterra, Pinochet regresó a Chile a comienzos del 2000, ad portas de la asunción de Ricardo Lagos a la presidencia, con unas derechas pinochetistas aún en posiciones de confrontación. No debe olvidarse que durante sus tres primeros años, Lagos enfrentó al pinochetismo recalcitrante, empresarial, partidario y militar. Aún así, la detención de Pinochet en Londres les asestó un duro golpe y eso posibilitó algunas políticas importantes del período laguista, que dieron fruto para el aniversario número 30 del golpe, 2003, como el Nunca más del general Juan Emilio Cheyre -a pesar de todos sus bemoles- y la apertura de un sector del empresariado para superar la crisis económica e impulsarla nuevamente. En ese sentido, el aniversario del 2003 reflejó un punto de quiebre en el proceso transicional, por eso las manifestaciones en la plaza de la Constitución, frente al monumento del Presidente Salvador Allende -inaugurado en junio del año 2000-, etc., pero aún con muchos resortes en manos del pinochetismo. 

Yo creo que el aniversario de 2013 fue rupturista, en términos de la participación social, fue mucho más masivo, en el marco de una crisis general del gobierno de Sebastián Piñera, quien en el discurso oficial de la conmemoración debió reconocer los horrores de la dictadura, la presencia imperecedera de los detenidos desaparecidos, apelando a la necesidad de justicia y de la reconciliación, aunque este último es un término que usan(ban) de forma políticamente imprecisa y siempre instando a centrarse en el futuro. Para el 2013 la violación de derechos humanos estaba plenamente instalada, las fuerzas armadas tenían redefinidas sus funciones, producto de las políticas de Lagos y Michelle Bachelet y la conmemoración se tomó el espacio público. La participación de lxs historiadorxs en la conmemoración fue muy importante; ubicadxs en el GAM, el congreso congregó, no sólo a lxs historiadorxs profesionales, sino a mucho público general y se organizaron mesas con temáticas nuevas, situando definitivamente a la historia reciente.

La conmemoración de los 50 años, ocurre en un momento complejo para las izquierdas: dueña del ejecutivo, aunque sometida a fuertes presiones, y muy debilitada partidaria y en términos de movimientos sociales, producto del rechazo a la propuesta constitucional en septiembre del año pasado. No obstante, desde el ejecutivo se dieron instrucciones de conmemoración a todas las reparticiones estatales, se respaldó toda iniciativa conmemorativa y se ha recogido la demanda por la defensa de los derechos humanos, la urgencia de justicia, reparación y garantía de no repetición, como del imperativo de un acuerdo en la defensa de la democracia. El gobierno ha puesto el eje en la violación de los derechos humanos y en el destino de los detenidos desaparecidos y su búsqueda. Es un punto muy importante.

Es, al mismo tiempo, un momento de auge de las derechas, especialmente de la derecha radical, representada por José Antonio Kast y, por tanto, de la proliferación de discursos negacionistas, poca defensa de la democracia

Contrario sensu, también, es la primera vez que un alto oficial del ejército, nada menos que su ex comandante en jefe, el general Ricardo Martínez Menanteau (2018-2022) publica un libro, reconociendo los crímenes cometidos por su institución, el impacto nefasto que ello provocó en el profesionalismo militar y en la urgencia de superar esa etapa, es decir, dejar atrás el pinochetismo militar. El libro es una síntesis de unas Reflexiones elaboradas durante su período de máxima autoridad del Ejército con el cuerpo de generales. El general Martínez Menanteau escogió deliberadamente esta fecha para publicar su libro, los 50 años del golpe.

En suma, unos 50 años que reflejan el proceso de cambio que el país está viviendo, aún inconcluso, por cierto.

Desde su punto de vista ¿Cuáles han sido los hitos o procesos del último tiempo que han potenciado la reactivación de sectores negacionistas?

Sin duda, el sentido de inseguridad y amenaza que se ha extendido en partes significativas de la población ha contribuido a una desvalorización de la importancia del respeto y la dignidad de las personas, en concreto, de los migrantes, percibidos como peligrosos. Este es un proceso alimentado desde hace un par de décadas por las políticas de seguridad ciudadana de los años noventa, que hizo del orden público una de sus principales prioridades, enfatizando el tema de la delincuencia, más allá de su dimensión real, con el efecto de elevar entre la población los índices de victimización, muy por encima de los niveles reales de delincuencia.  Ello erosionó el ya deteriorado sentido de colectivo, que legó la dictadura, de desconfianza hacia el/a otrx, respecto del cual se articuló un imaginario. Sobre ese cimiento de individualismo, indiferencia social y miedo al otrx se sobrepuso la experiencia migrante, la cual alteró la vida cotidiana, al alcanzar un alto grado de visibilidad y de presencia en la vida de todxs lxs personxs, generando sentidos de amenaza. La vida social del país cambió, de forma sustantiva, generando sorpresas y temores. El miedo suele generar ira y deseos de recuperar un supuesto pasado de tranquilidad idealizado, favoreciendo la disposición a mayor represión, como instrumento de “paz social”. Este tipo de actitud social tiende a obviar, no mirar, el precio de esa supuesta “paz social” y rechazar las demandas por el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos, vistos como responsables de la ausencia de reglas y orden. Estos procesos potencian el negacionismo.

Por otra parte, el gran cambio cultural ocurrido en la última década, en materia de género y diversidad sexual, igualmente muy visible, si bien ha suscitado un amplio apoyo, de igual forma atemoriza a otros sectores por su radicalidad, los que intentan encauzarlo o en su mejor deseo, controlarlo, neutralizándolo. Por ello el conservadurismo reaparece y reposiciona los planteamientos autoritarios. Kast y los republicanos se han nutrido de esos procesos.

La derrota de las izquierdas en el plebiscito constituyente, provocó su repliegue, potenciando la fuerza de las derechas extremas, que fueron las más ultristas en el rechazo, con Kast a la cabeza. Ellas se vieron fortalecidas con el resultado del segundo plebiscito constitucional y se han posicionado como el partido/sector más fuerte, suponiendo tener las mayores posibilidades en las elecciones venideras: municipales, parlamentarias y, especialmente, presidencial. Una aureola de gran exitismo los rodea. Por esto ha renacido el discurso pinochetista más duro, la reivindicación de su líder, después de años de cierto ostracismo, a la vez que los planteamientos negacionistas en materia de derechos humanos. Tal situación solo refleja que la condena pública a la violación de derechos humanos que la derecha en su conjunto ha hecho propia en los últimos años, no parece tener un espesor muy profundo, al menos en este sector, representando más bien un discurso, sin mucho sustento ni fundamento.

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No obstante lo anterior, me parece que estos negacionismos son coyunturales, responden a los procesos y eventos antes mencionados, pero no sé si tengan la fuerza suficiente para revertir los avances logrados. Históricamente, las “restauraciones” nunca son tales en su globalidad, porque los procesos no pueden ser detenidos por decreto, responden a fuerzas más profundas, salvo que se opte por el uso de una violencia brutal, como hace 50 años, pero el contexto es bien distinto. Por lo mismo, los intentos de asimilar el auge de Kast y los republicanos a un fenómeno mundial de renacimiento de las derechas radicales es un tanto artificioso, porque responden a realidades diferentes. Por último, el macroproceso refundacional que el país vive es muy plástico, las corrientes van y vienen, nada hay plenamente configurado. El negacionismo está siendo desplegado hoy con fuerza, pero no es seguro que esto se mantenga en el tiempo. Ello también depende de la firmeza de las otras derechas en relación a su verdadero respeto a la democracia y los derechos humanos y su distinción respecto de Kast y los republicanos.

¿Qué le parece la labor del Estado chileno en torno a la memoria? ¿Qué políticas del Estado considera importantes en el último tiempo?

Tras el fin de la dictadura, los gobiernos de la Concertación se propusieron establecer como un hecho indesmentible la violación de derechos humanos, cometidos durante 17 años y negados por el pinochetismo en su totalidad. Tal fue el sentido del Informe  Rettig,  y, posteriormente, del Informe Valech, sobre represión política y tortura. El ejército rechazó el Informe Rettig, pues, a su juicio, se desconocía el contexto, aspecto igualmente reclamado por la UDI y Renovación Nacional y las distintas derechas pinochetistas. Aunque parezca increíble, para comienzos de los años 90, muchos sectores sociales “desconocían” lo ocurrido, en el sentido de no estar al tanto de la existencia de la policía secreta y sus métodos. Por supuesto era imposible no saber, porque con el golpe hubo un cambio total en la vida cotidiana, en el habla, en las reuniones…en todo, pero, como ha sostenido la socióloga Pilar Calveiro, las sociedades donde existen campos de concentración, son aquellas donde la población prefiere no mirar, ignorar, seguir viviendo como si existiera total normalidad. En ese contexto, para 1990 era un imperativo ético y político crear una comisión que diera patente de “verdad” a la violación de derechos humanos desplegada por la dictadura y condenarlas. Sin embargo, ello ocurrió en un contexto de casi empate político, con un 44% de la población que votó a favor de la permanencia de Pinochet, las fuerzas armadas y las derechas pinochetistas en el gobierno por ocho años más. El Informe Rettig fue, sin duda insuficiente, pero fue un paso muy importante en el intento pinochetista de negar lo ocurrido. La presión de los organismos de derechos humanos jugaron, y siguen jugando, un papel fundamental en la resistencia al negacionismo y en la mantención de los juicios contra los perpetradores.

La neoliberalización de la Concertación y su “consenso” con la derecha y el proyecto dictatorial atentaron contra políticas de memoria más contundentes, aunque sin abandonarlas del todo. A pesar de que el periodo de Frei Ruiz Tagle significó un retroceso en esas materias, de todas formas se decidió por el apresamiento de Manuel Contreras, algo no menor. Además, se llevó a cabo una reforma curricular que puso a los derechos humanos como eje transversal de educación básica y media en el país. Por eso, con todas sus limitaciones, no ha existido impunidad total, el Informe Valech representó un avance y también en alguna medida las mesas de diálogo. Los logros de la justicia transicional, han sido, por lo mismo, limitados, pero no inexistentes. Igualmente, la creación del Instituto de Derechos Humanos, importante, pero disputado.

Las políticas de memoria han sido consistentes con el tipo de transición que tuvo Chile, en el cual las fuerzas armadas salieron del gobierno, sintiéndose victoriosas, “misión cumplida” fue el lema de Pinochet en sus días finales y también de la nueva derecha empresarial y partidaria. En 1989 solo perdieron el ejecutivo, reteniendo un importante control del congreso, la judicatura, la prensa, resortes culturales, etc. La Concertación no calló las aberraciones cometidas, pero no hizo de los derechos humanos un eje clave de su quehacer.

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Me parece que su principal debe se relaciona con su insuficiente preocupación por generar una cultura de derechos humanos, es decir, de respeto por el/lxs otra/os, independiente de cualquier factor. La valorización de su calidad humana más allá de cualquier diferencia y, por tanto, de una forma de convivencia con lxs otrxs, de respeto, dignidad y no solo de no maltrato, con una subyacente fraternidad, por el hecho de ser humanxs. Las políticas de memoria no deben tener un sentido solo de reparación específica, como si se tratase de un problema solo del pasado y de algunas personas, no de la sociedad en su globalidad, algo que ocurrió, sino de una nueva forma de relacionarnos como sociedad. La cultura individualista, consumista, de temor al/a otrx, de indiferencia social atenta contra un sentido de colectivo, de respeto irrestricto a la dignidad de las personas. Por eso, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Piñera no suscitaron una condena unánime y global, porque se alimenta de esa misma indiferencia social, del individualismo a ultranza. Por eso, con todo lo importante que fueron los informes Rettig y Valech, los juicios, las políticas de reparación y los sitios de memoria, han demostrado ser incapaces de revertir una cultura de la indiferencia y de aceptación de la violencia estatal policial.

¿Cuál es el papel que ha jugado el oficialismo en torno a esta coyuntura?

Este es un gobierno de izquierda, el presidente Gabriel Boric y el Frente Amplio representan a una nueva izquierda, en un contexto de reorganización del sistema de partidos, proceso en curso. Es una izquierda comprometida con la condena al golpe de Estado y la defensa de los derechos humanos, así como con el feminismo, la diversidad sexual y la defensa del planeta. Son generaciones hijas de las reformas educacionales que, a pesar de todo, incorporaron la historia reciente y los derechos humanos. Nacieron por fuera de los partidos que transaron con el proyecto dictatorial, con el cual no comulgan. En suma, es consistente con esta trayectoria que se propusiera conmemorar los 50 años del golpe. Abstenerse resultaría anómalo.

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El documento “Relato oficial de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado de 1973 en Chile”, emitido por el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio el 27 de enero de este año, fue el resultado de una decisión del gabinete ministerial y tenía como sentido orientar las actividades que se desarrollarían. El documento explicita que el golpe rompió la tradición democrática del país, trayendo crímenes y crueldades, con las cuales aún hay deudas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, haciendo un llamado al compromiso con la democracia, la memoria, la creatividad y los derechos humanos. Hace una convocatoria explícita al diálogo, a todos los sectores, como un reconocimiento de quienes ayudaron a los perseguidos, defendiendo la convivencia democrática y el apoyo internacional. Este discurso ha sido mantenido por el gobierno.

Considerando la situación que vive Chile hoy, con el ascenso de la derecha radical y los discursos negacionistas altisonantes, los llamados del presidente Boric a comprometerse con la democracia es una invitación a reflexionar acerca de los riesgos y amenazas que la acechan, los cuales pavimentan el camino a las dictaduras y los crímenes.

La guerrilla política coyuntural pareciera provocar involuciones en estos principios, pero ella no debe obnubilarnos. El programa de búsqueda del destino de los detenidos desaparecidos es un hito clave en las políticas de memoria y derechos humanos, consistente con el basamento ético programático del gobierno.

Ahora, haciendo una retrospectiva histórica, ¿Qué nos puede decir acerca de las pugnas y consensos al interior de los sectores que apoyaron el golpe después de 1973? ¿Cuáles son los principales encuentros y desencuentros en los primeros años de la institucionalización de la dictadura en Chile?

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Los consensos alcanzados por la alianza insurreccional que conspiró para derrocar al Presidente Salvador Allende eran variados, porque reunía a sujetos con distintos intereses y propósitos, pero los unía su profundo anticomunismo y su decisión de eliminar al gobierno socialista de la Unidad Popular, un consenso de término. La alianza incluía una diversidad de partidos y movimientos de derechas, además de la Democracia Cristiana liderada por Eduardo Frei Montalva -salvo los 13 integrantes que se opusieron al golpe-, empresarios grandes y medianos, organizaciones de mujeres y de estudiantes, ligadas a las derechas, a la DC, radicales, nacionalistas. La mayoría de estos grupos eran anticomunistas doctrinarios: liberales, conservadores, nacionalistas filo fascistas, franquistas, corporativistas. Pero también existía un anticomunismo coyuntural, de ciertos sectores del empresariado mediano, asustados ante una supuesta expropiación, o mujeres capturadas por la campaña del terror y, por ende, temerosas del supuesto adoctrinamiento marxista que afectaría a sus hijos y destruiría la familia.

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En teoría, la Democracia Cristiana y los conspiradores militares buscaban la salida de la Unidad Popular del gobierno y un periodo transicional de un par de años, para luego recuperar la normalidad institucional, llamando a elecciones generales, lo cual le permitiría a la Democracia Cristiana recuperar posiciones políticas, especialmente en materia presidencial. No habría un cambio programático, sino un regreso al orden keynesiano anterior al gobierno socialista, aunque con mayor injerencia del mercado y restricciones políticas a la izquierda. Aparentemente, también había consenso en materia de represión, siguiendo la tónica de lo ocurrido desde agosto de 1973, al alero de la ley de control de armas. Podemos estar ciertos de ese consenso, porque esa ley fue iniciativa de uno de sus militantes -Juan de Dios Carmona- y personeros de la Democracia Cristiana justificaron su aplicación sin que fuera invocada por el Presidente de la República, sino por cualquier autoridad (alcaldes, jueces, etc.) Destacados militantes suyos exigían la incautación de supuestos arsenales en manos de la izquierda en los cordones industriales por parte de las fuerzas armadas, lo que generalizó los allanamientos en el mes anterior al golpe. Esta tendencia incluyó los allanamientos en los cuales se aplicó una violencia inédita, como la ocurrida en Punta Arenas, en la Lanera Austral, a cargo del general Manuel Torres de la Cruz o el del fundo Nehuenté, propiedad social, en Cautín, el que se extendió por días, entre finales de agosto y el 5 de septiembre, que no fueron deslegitimados ni criticados por la Democracia Cristiana. Por su parte, los militares que participaron del complot tenían claro que un golpe supondría una “dosis de violencia necesaria”, es decir, arrestos masivos, algunas muertes, suspensión de garantías constitucionales, control político y territorial de las fuerzas armadas, suspensión de derechos ciudadanos de la izquierda. Es posible, aunque no se ha estudiado en profundidad, que su referente fuera el control que, desde los años 40 las fuerzas armadas ejercían bajo estados de emergencia, ocasiones en las cuales, salvo el caso del mineral El Salvador en 1966, ello no incluía uso de la fuerza. El golpe de 1973 no sería blanco, pero tampoco el baño de sangre en que se convirtió. Con todo, entre ambos sectores existía consenso en un derrocamiento con dosis de violencia mayores al historial del país. La aceptación de este tipo de violencia estatal impidió que la represión brutal que impregnó el golpe y la dictadura pudiera ser rechazada abierta y activamente por la Democracia Cristiana. Su llamamiento a un papel político-policial de las fuerzas armadas la inhabilitó ante estas nuevas autoridades, las que, por lo demás, se autonomizaron y las marginaron de su centro de toma de decisiones. Los oficiales que complotaron, por su parte, también fueron desplazados y pasados a retiro en los años siguientes.

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Respecto de las derechas, la disposición a un castigo ejemplar a las izquierdas (comunistas, socialistas, miristas, izquierda cristiana, mapucistas) y al mundo popular (campesinos, pobladores, trabajadores, sindicalizados, indígenas) era unánime. Cuando digo derechas me estoy refiriendo al Partido Nacional, es decir, a conservadores, liberales, nacionalistas jarpistas; a los movimientos nacionalistas, como Patria y Libertad, el grupo Tacna, integristas católicos como Fiducia, Tizona, franquistas como el Movimiento Gremial de Jaime Guzmán, etc. Existía una variedad de grupos. Ese castigo respondía a una convicción de que un ejecutivo en manos de la izquierda marxista (comunistas y socialistas), era inaceptable, independiente de su trayectoria histórica, una participación dentro del sistema político. Sin embargo, aunque la institucionalidad los incluía, el marco legal estaba ideado y preparado para impedir su control del ejecutivo y del poder, por ello existía una numerosa legislación de excepción. El triunfo de 1970 era impensable. Por eso desde el primer momento hubo en este sector político una disposición golpista: el jarpismo dentro del Partido Nacional, Jorge Alessandri, sectores del empresariado, de la SNA, de la SOFOFA, etc.; los nacionalistas-franquistas aglutinados en Patria Y Libertad, incluyendo a Jaime Guzmán y otros gremialistas; el integrismo católico de Tizona y nacionalistas varios. En el asesinato del general Schneider participaron miembros de todos estos grupos. Ahora se cuenta con documentación que acredita los intentos de Jarpa porque la dictadura brasileña colaborara en su intento por impedir la ratificación de Allende por el Congreso en octubre de 1970. En fin, la preferencia por métodos ilegales e inconstitucionales estuvo presente desde el comienzo. También hubo consenso en el uso de violencia política contra la Unidad Popular, organizando grupos de choque, armados, que realizaron numerosos atentados a bienes públicos y personas. Estuvieron todos de acuerdo en involucrar a las fuerzas armadas en el conflicto y que se tomaran el poder, haciendo uso de su capacidad de fuego, tanto al amparo de la ley de control de armas, como fuera de esa norma. Una vez ocurrido el golpe y desatada la violencia brutal, la legitimaron, hubo grupos que colaboraron abiertamente en la represión y en la guerra psicológica, especialmente los nacionalistas: miembros de Patria y Libertad en la DINA, Álvaro Puga, Federico Willoughby en el área de comunicación de la dictadura, DINACOS, entre muchos otros, mientras la mayoría de las derechas negó por décadas la veracidad de las acusaciones por violación de derechos humanos, organizando actos de apoyo a la dictadura.

En materia proyectual, sin embargo, no había consensos previos ni posteriores. Los nacionalistas, de los cuales Patria y Libertad y el grupo Tacna fueron los más importantes, disentían respecto de qué proyecto desarrollarían las fuerzas armadas una vez en el poder: mientras Patria y Libertad esperaba realizar una revolución nacionalista, sindicalista, encabezada por los uniformados, Tacna aspiraba a un estado militar permanente. Ninguno de ellos fue considerado por el régimen en el plano programático, solo en las áreas represivas y de guerra psicológica.

Tampoco fue considerado el Partido Nacional, que se autodisolvió días después del golpe, ni el jarpismo. Como es sabido, fueron los gremialistas y los economistas monetaristas, más tarde conocidos como chicago boys, quienes constituyeron la nueva derecha, neoliberalizando al conjunto de ella. Los  empresarios, grandes, medianos y pequeños deseaban reponer el papel del empresario en la sociedad, en la economía y del mercado, retrayendo los atributos estatales, pero no desmantelando sus capacidades crediticias y de incentivo al capital privado. Esas aspiraciones fueron derrotadas, por el triunfo de las tendencias de alta competitividad que defendieron los chicago boys, aliados con Pinochet, y que significaron la ruina de parte sustantiva de ese empresariado ante la apertura del país. Los “neoliberales” impusieron la transnacionalización de la economía, la desindustrialización y la reposición de Chile como productor y exportador de materias primas. El anticomunismo generalizado entre el empresariado hizo posible el triunfo neoliberal, a pesar de las numerosas quiebras y el imperativo de reconversión.

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En materia política todas las derechas deseaban un orden autoritario -un proyecto originado en el gobierno de Jorge Alessandri-, debilitando a los partidos y por tanto al congreso, y fortaleciendo al ejecutivo y las herramientas de excepción constitucional, como la Constitución de 1980, en su versión original, demostró. La soberanía popular debería ser reformulada, al igual que la participación. Por eso, la municipalización fue tan importante.

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Ahora, en torno a nuestra disciplina ¿Qué rol cree cumple la historiografía en este momento?

En realidad, la historiografía ha estado cumpliendo una función determinante desde hace un par de décadas, cuando la historia reciente se abrió paso en el país y se comenzaron a publicar estudios respecto de los protagonistas del período revolución-contrarrevolución. En la actualidad, aunque la dictadura no ha logrado constituirse plenamente en un campo de estudio, por la enorme dispersión analítica existente, ya contamos con un corpus respecto de distintos aspectos de la experiencia dictatorial, aunque disparejo. Sabemos bastante de las izquierdas, especialmente del MIR, o de algunos actores sociales, como lxs pobladores, pero poco sobre otrxs sujetxs sociales, especialmente de aquellos que se constituyeron en los pilares de la dictadura. Me parece que los estudios debieran ampliar sus objetos de análisis.

Es necesario ampliarlos, igualmente, para la post dictadura, cuando muchos de los diseños dictatoriales maduraron y se consolidaron.

​En pocas palabras, es deseable no seguir insistiendo en los mismos actores y preguntas, sino abrirse a otrxs y nuevas interrogantes.

¿Cree que, a medio siglo del golpe de Estado, esta conmemoración va a marcar un precedente respecto de las que vendrán? ¿Cómo se imagina las conmemoraciones del futuro?

Me parece que es una pregunta contrafactual. Como se observa de las diferencias entre las conmemoraciones del 2003, 2013 y 2023, ellas están íntimamente relacionadas con sus contextos. Así será con las que sigan.

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